La situación judicial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena tras el avance de una causa que investiga los viajes en jet privado a Punta del Este realizados durante el último verano. Según trascendió en tribunales, el funcionario podría ser citado a declaración indagatoria en las próximas semanas.

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La investigación, encabezada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, sumó nuevos elementos en las últimas horas y busca determinar si existieron irregularidades vinculadas a los vuelos realizados por Adorni durante el último carnaval.

La Justicia reunió documentación sobre el alquiler de la aeronave utilizada tanto para el viaje de ida como para el regreso desde Uruguay. La pesquisa apunta a establecer quién financió esos traslados y si existió algún tipo de incompatibilidad con la función pública.

Según trascendió, las facturas del servicio aéreo habrían sido emitidas a nombre de la productora ImHouse y del empresario Marcelo Grandio, proveedor del Estado y persona cercana al funcionario desde antes de su llegada al Gobierno nacional.

Adorni había asegurado públicamente que pagó el viaje con fondos propios y que contaba con documentación respaldatoria. Sin embargo, de acuerdo a fuentes judiciales, esos comprobantes todavía no habrían sido incorporados al expediente.

En paralelo, la Justicia también analiza el vínculo entre el vocero presidencial y Grandio, quien firmó contratos con la Televisión Pública para la producción de contenidos a través de ImHouse.

La causa avanzó además con peritajes sobre comunicaciones telefónicas y movimientos relacionados con los viajes investigados. Los resultados de esas medidas podrían ser claves para definir una eventual convocatoria a indagatoria.

Además del expediente por los vuelos privados, Adorni también enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, la fiscalía analiza movimientos bancarios, registros patrimoniales y transferencias en criptomonedas tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti.

La investigación también incorporó información sobre reformas realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cua. Uno de los contratistas que trabajó en la obra declaró ante la Justicia y entregó documentación vinculada al caso.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional continúan respaldando políticamente al funcionario y cuestionan las denuncias en su contra. Sin embargo, la posibilidad de una indagatoria mantiene abierto el frente judicial y político alrededor del vocero presidencial.