Por: Redacción enAgenda

En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un recorte de más de $78.000 millones sobre distintos programas de la Secretaría de Educación y avanzó además con una reducción de partidas destinadas a universidades, ciencia y tecnología.

El presupuesto universitario cayó un 45,6% desde la asunción de Milei y actualmente representa apenas el 0,47% del PBI, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

 

La medida fue publicada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y se enmarca en el ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei. Según argumentaron desde el Ejecutivo, los recortes buscan “cubrir leyes que no tienen respaldo financiero”, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el Gobierno.

Uno de los programas más afectados fue el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción de $35.288 millones. La poda impactará directamente en las transferencias que recibían las provincias para sostener políticas educativas vinculadas a la alfabetización.

También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a equilibrar salarios mínimos entre distintas provincias, con una quita de casi $9.000 millones.

En paralelo, el área de Infraestructura y Equipamiento perdió más de $21.600 millones, mientras que el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió un recorte superior a $6.600 millones. Dentro de esa partida, las becas estudiantiles tuvieron una baja de más de $559 millones.

 

La UNLP, entre las más afectadas por el ajuste universitario

El recorte también impactó sobre las universidades nacionales. El Gobierno bloqueó $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a infraestructura y obras en casas de estudio de todo el país.

La más perjudicada fue la Universidad Nacional de La Plata, que perderá $1.043 millones destinados a infraestructura universitaria. Detrás aparecen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700 millones cada una.

También fueron alcanzadas la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Según datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado al desarrollo de la educación superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la administración libertaria.

El informe advierte además que, proyectado a valores constantes de 2026, el presupuesto universitario vigente profundiza la retracción hasta un 41,6% respecto de 2023.

Ciencia y tecnología: el otro eje del ajuste

El recorte no se limitó al sistema universitario. La Decisión Administrativa también avanzó sobre organismos científicos y tecnológicos.

La Comisión Nacional de Energía Atómica encabezó los ajustes con una reducción de más de $19.700 millones. Le siguieron la Secretaría de Innovación, la CONAE y el CONICET, donde además se recortaron más de $2.000 millones destinados a becas de investigación.

El ajuste también alcanzó a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el fortalecimiento de las TIC y el parque Tecnópolis.

De acuerdo con distintos relevamientos citados por universidades nacionales, el presupuesto universitario cayó un 45,6% desde la asunción de Milei y actualmente representa apenas el 0,47% del PBI, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

Además, desde el Consejo Interuniversitario Nacional alertaron por la pérdida salarial docente y señalaron que ya hubo alrededor de 10.000 renuncias en universidades públicas desde diciembre de 2023.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que no puede aplicar la Ley de Financiamiento Universitario porque “implica gastos que el Estado no está en condiciones de afrontar”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la norma “quedó derogada implícitamente” tras la aprobación del Presupuesto y cuestionó que no especificara fuentes de financiamiento.