La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de resolver la causa iniciada contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Luego de varios meses de disputa judicial, las expectativas ahora están puestas en la próxima reunión de acuerdos del máximo tribunal, prevista para este jueves.

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El conflicto gira en torno a la aplicación de la norma sancionada por el Congreso y posteriormente vetada parcialmente por el presidente Javier Milei en 2025. Más tarde, el Ejecutivo volvió a cuestionarla incluso después de que ambas cámaras insistieran con su aprobación.

Desde el Gobierno sostienen que la ley no establece con precisión cuáles serían las partidas presupuestarias afectadas ni las fuentes concretas de financiamiento necesarias para cumplir con las actualizaciones previstas.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La normativa contempla la actualización automática de las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, además de una recomposición salarial para docentes y nodocentes. También prevé refuerzos específicos destinados a becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios.

Sin embargo, la implementación efectiva de esos artículos quedó limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y en la Decisión Administrativa 20/2026, donde el Gobierno aplicó recortes y restricciones sobre distintas áreas educativas.

Frente a ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que obtuvo fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia judicial. Como respuesta, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y argumentó que aplicar los artículos 5 y 6 de la ley podría generar un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.

La definición que espera el sistema universitario

En paralelo, las universidades nacionales promovieron un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para intentar destrabar las transferencias pendientes.

Hasta que la Corte Suprema resuelva el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, la aplicación de la ley permanece suspendida y el Gobierno no está obligado a transferir los fondos reclamados por las universidades.

Según trascendió, el máximo tribunal podría incluso rechazar el recurso oficial mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que le permitiría desestimar el planteo sin ingresar en el fondo de la cuestión. En ese caso, quedaría firme la sentencia de Cámara que ordena al Estado cumplir con las transferencias.

La reacción del Gobierno tras la Marcha Federal Universitaria

La discusión judicial se da además en medio del fuerte conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario, que volvió a quedar expuesto este martes durante la multitudinaria Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo y distintas ciudades del país.

Desde Casa Rosada minimizaron la movilización y aseguraron que se trató de una “marcha política” impulsada por sectores opositores. El presidente Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos y compartió mensajes críticos contra la protesta en redes sociales, aunque evitó realizar declaraciones públicas.

En la misma línea, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la movilización fue utilizada por “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines” y cuestionó la presencia de dirigentes opositores, sindicalistas e intendentes en la plaza.