Por: Redacción enAgenda
La Justicia le dio un nuevo golpe judicial a Claudio 'Chiqui' Tapia y a la Asociación del Fútbol Argentino en la causa que investiga una presunta evasión fiscal vinculada a retenciones indebidas de aportes previsionales e impositivos.
La Sala “A” de la Cámara en lo Penal Económico rechazó los recursos presentados por la defensa del presidente de la AFA y dejó firme la resolución que había declarado desierta su apelación por haber sido presentada fuera de término.
La causa investiga una presunta retención indebida de más de 19.000 millones de pesos correspondientes a aportes tributarios y de la seguridad social. Tanto Tapia como otros dirigentes, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, están procesados y enfrentan embargos por 350 millones de pesos.
Además, sobre Tapia pesa una prohibición de salida del país.
Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos sostuvieron que la defensa no cumplió con los plazos procesales establecidos para sostener la apelación.
Según la resolución, la defensa no asistió a la audiencia fijada originalmente y tampoco presentó dentro del plazo legal el memorial correspondiente. Recién lo hizo cuatro días después.
La defensa había argumentado que existió una “confusión” respecto de la fecha de la audiencia, ya que entendían que una prórroga concedida a otras partes también alcanzaba a la AFA y a Tapia. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y remarcó que las postergaciones habían sido otorgadas únicamente a quienes las solicitaron formalmente.
“La asistencia a la audiencia o la presentación de un memorial es la manera de exteriorizar el interés del recurrente”, señalaron los jueces.
Con esta decisión, Tapia y la AFA perdieron la posibilidad de que la Cámara revise de manera particular sus argumentos defensivos y ahora quedarán atados a lo que ocurra con las apelaciones presentadas por otros imputados de la causa.
Mientras tanto, la fiscalía y ARCA mantienen un pedido para agravar la acusación contra las autoridades de la AFA.
La investigación está a cargo del juez Diego Amarante y se centra en la supuesta falta de depósito, dentro de los plazos legales, de fondos retenidos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales.