Por: Redacción enAgenda

El Gobierno nacional resolvió frenar el avance parlamentario de los ascensos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La decisión se tomó en medio de las causas judiciales que involucran al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

Según trascendió desde la Casa Rosada, los pliegos no serán retirados formalmente, pero quedarán “congelados” hasta que la Cámara defina la apelación presentada por Tapia y Toviggino en el expediente que los investiga por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La decisión impacta de lleno en el mundo del fútbol argentino y en la relación cada vez más tirante entre el Gobierno de Javier Milei y la conducción de la AFA. En las últimas semanas, el oficialismo endureció su postura con distintas medidas sobre el fútbol local, incluyendo veedores en la AFA y la Superliga.

Por qué el Gobierno frenó los pliegos

En Balcarce 50 consideran que avanzar con los ascensos de magistrados relacionados con resoluciones favorables para la cúpula de la AFA podría generar un fuerte costo político y cuestionamientos institucionales.

El caso de Galván Greenway quedó especialmente bajo la lupa por una resolución favorable a Tapia en una causa vinculada al manejo institucional de la AFA. Mientras tanto, sobre Catania pesan observaciones vinculadas a antecedentes judiciales y supuestos vínculos políticos.

Actualmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico funciona con una integración mínima, ya que solo están activos Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Ese tribunal será justamente el encargado de resolver la situación judicial de Tapia y Toviggino.

La causa que preocupa a la AFA

El expediente más delicado tramita en el juzgado penal económico de Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino fueron procesados por presuntas irregularidades tributarias y previsionales.

Además, la ARCA amplió recientemente la denuncia incorporando sospechas de asociación ilícita fiscal y facturación apócrifa, en una investigación que el Gobierno sigue de cerca y que podría tener un fuerte impacto político y deportivo.

En este contexto, el oficialismo busca evitar que los ascensos judiciales queden asociados a magistrados que intervinieron en decisiones favorables para la dirigencia de la AFA antes de que exista una resolución definitiva.