Por: Redacción EnAgenda

El gobierno nacional presentó el proyecto de ley del Súper RIGI, un nuevo régimen de promoción destinado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos estratégicos que aún no tienen un desarrollo consolidado en la Argentina. La iniciativa apunta específicamente a industrias vinculadas con la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada y la producción de semiconductores.

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El esquema fue diseñado como una variante del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley 27.742, aunque en este caso estará orientado exclusivamente a actividades relacionadas con innovación tecnológica y desarrollo experimental.

El proyecto establece que las empresas interesadas deberán realizar inversiones mínimas de US$1.000 millones para poder adherirse al régimen. Además, tendrán la obligación de ejecutar al menos el 20% del desembolso comprometido durante los primeros dos años desde la aprobación oficial del proyecto.

Otro de los requisitos centrales será la creación de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), figura jurídica que solo podrá operar dentro de la actividad promovida y deberá destinar todos sus activos exclusivamente al emprendimiento autorizado bajo el nuevo esquema.

La iniciativa también condiciona parte de los beneficios a la adhesión de provincias y municipios. Las jurisdicciones que decidan sumarse deberán comprometerse a no crear nuevos tributos o cargas locales que afecten a las inversiones alcanzadas por el régimen.

Beneficios fiscales y libre disponibilidad de divisas

Entre los incentivos previstos, el proyecto contempla una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las Ganancias y un sistema de amortización acelerada para inversiones en infraestructura y bienes de capital.

Además, los dividendos tributarán una tasa del 7%, que podrá reducirse al 3,5% después de cuatro años de permanencia en el régimen. También se prevé la emisión de Certificados de Crédito Fiscal transferibles para cancelar el IVA facturado por proveedores vinculados a los proyectos.

En materia aduanera, las compañías adheridas quedarán exentas del pago de derechos de importación sobre bienes de capital y tampoco abonarán retenciones por exportaciones vinculadas con los desarrollos alcanzados por el programa.

El texto oficial incorpora además un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas obtenidas por exportaciones: las empresas podrán acceder al 20% durante el primer año, al 40% en el segundo y al 100% desde el tercer año de funcionamiento del proyecto.

Estabilidad normativa por 30 años y arbitraje internacional

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la garantía de estabilidad normativa por 30 años para todas las empresas adheridas. Según el texto enviado al Congreso, los beneficios quedarán protegidos frente a futuras modificaciones legales o tributarias que puedan aumentar la carga fiscal sobre los proyectos.

El régimen también habilita a las compañías a recurrir a tribunales internacionales en caso de conflictos con el Estado nacional. Entre los mecanismos previstos figuran el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).

Por último, el gobierno fijó un plazo de cinco años para adherirse al Súper RIGI desde la entrada en vigencia de la ley, aunque el Poder Ejecutivo podrá extender ese período por un año adicional mediante una prórroga oficial.