sábado 13 de junio de 2026 - Edición Nº2747

Nacional | 2 jun 2026

ley de financiamiento universitario

El Gobierno busca un acuerdo con las universidades antes del fallo de la Corte por el financiamiento

La Casa Rosada mantiene negociaciones con los rectores para resolver el conflicto por los fondos universitarios.


Por: Redacción EnAgenda

El gobierno nacional intensificó las negociaciones con las autoridades de las universidades públicas en un intento por destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema universitario y evitar un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia oficial apunta a alcanzar un acuerdo que contemple una recomposición salarial para los docentes, actualizaciones en las becas estudiantiles y la transferencia de partidas presupuestarias pendientes.


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Según trascendió, la Casa Rosada analiza convocar en los próximos días a los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una mesa de diálogo que permita acercar posiciones. Aunque aún no fue fijada una fecha para el encuentro, desde el gobierno aseguran que existe voluntad de negociación entre ambas partes.

La urgencia de las conversaciones está vinculada a la cautelar impulsada por las universidades, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y aguarda una resolución de la Corte Suprema. En ese marco, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, trabaja en la estrategia jurídica del Ejecutivo frente a una eventual decisión judicial desfavorable.

De acuerdo con fuentes oficiales, el gobierno ya planteó la posibilidad de transferir recursos contemplados en el proyecto de financiamiento universitario presentado en febrero en el Congreso. La iniciativa reconoce la pérdida salarial de los docentes durante 2025, aunque excluye el deterioro acumulado entre diciembre de 2023 y 2024. A cambio, la administración nacional pretende que las universidades retiren la medida cautelar que exige la actualización automática de salarios y becas en función de la inflación.

Las estimaciones oficiales indican que una sentencia contraria podría implicar un costo cercano a los $2,5 billones para el Estado nacional. Por ese motivo, el Ejecutivo busca alcanzar una salida consensuada antes de que la Corte emita un pronunciamiento definitivo.

Mientras tanto, los rectores sostienen que todavía no recibieron una propuesta formal y esperan una oferta concreta. En paralelo, los gremios docentes continúan con medidas de fuerza y acciones de visibilización. En las últimas semanas se realizaron clases públicas y paros en distintas universidades del país, y no descartan nuevas protestas al inicio del segundo cuatrimestre si no se registran avances en las negociaciones salariales y presupuestarias.

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