Por: Redacción enAgenda

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo esta semana. En una reunión reservada realizada el lunes, funcionarios del Ejecutivo y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzaron en una propuesta que contemplaba una recomposición salarial del 24%, pero las conversaciones terminaron sin acuerdo por una condición considerada "inaceptable" por los rectores.

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La oferta presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, incluía un aumento salarial total del 24,3%, destinado a compensar parte del deterioro acumulado desde 2024. El esquema preveía un incremento del 21,3% en junio y otro 3% en octubre. Sin embargo, también incluía retirar la demanda judicial presentada por las universidades para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, el Gobierno puso sobre la mesa una serie de mejoras complementarias: un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.

También se propuso crear una comisión técnica para analizar las deudas correspondientes a 2024 y establecer negociaciones paritarias trimestrales para evitar nuevos retrasos salariales.

La condición que frenó las negociaciones

Aunque desde el ámbito universitario reconocieron que la propuesta era "razonable", el acuerdo se frustró por el requisito planteado por el Ejecutivo.

La normativa, aprobada por el Congreso en 2025, establece la recuperación salarial de docentes y no docentes en línea con la inflación y contempla actualizaciones periódicas para becas y partidas presupuestarias.

Las universidades lograron fallos favorables en instancias judiciales previas y ahora esperan una definición de la Corte Suprema. Por eso consideran que abandonar la demanda significaría renunciar a un reclamo central para el sistema universitario.

"No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación", señalaron desde el sector universitario, que sostiene que la vía judicial funciona como una garantía frente a futuros incumplimientos.

El trasfondo del conflicto

Según las universidades, el presupuesto actual resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento pleno del sistema. Mientras que para 2026 cuentan con una partida cercana a los 4,8 billones de pesos, estiman que necesitan alrededor de 7,3 billones para cubrir salarios, mantenimiento e infraestructura.

Desde el Gobierno argumentan que cumplir íntegramente con la Ley de Financiamiento tendría un fuerte impacto fiscal y pondría en riesgo la política de superávit de las cuentas públicas.

Mientras tanto, la Corte Suprema deberá resolver si el Poder Ejecutivo está obligado a ejecutar una ley sancionada por el Congreso pese a sus objeciones presupuestarias, una decisión que podría sentar un precedente institucional de gran relevancia.

Tanto el Gobierno como las universidades coinciden en que existen condiciones para alcanzar un acuerdo, pero por ahora ninguno de los dos sectores parece dispuesto a ceder en el punto que mantiene paralizada la negociación.