Por: Redacción EnAgenda

La posible derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable reabrió el debate sobre el rol del Estado en la regulación alimentaria y el derecho de los consumidores a acceder a información clara sobre los productos que consumen. La norma, sancionada en 2021, estableció la incorporación de sellos de advertencia en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, además de restricciones a la publicidad dirigida a niños y la promoción de entornos escolares saludables.

Leer también: La Plata: cuál es la próxima Torre que entregará Yacoub Developers

Investigadoras y docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) coincidieron en que la ley surgió como respuesta a una problemática sanitaria creciente vinculada al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Según explicaron, más del 60% de la población argentina presenta exceso de peso, una situación asociada al aumento del consumo de productos ultraprocesados.

La licenciada María Eugenia Golzi y la doctora Nadia Florencia Nagai, investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas, señalaron que el etiquetado frontal busca facilitar decisiones de compra rápidas e informadas en un contexto donde la lectura de las tablas nutricionales tradicionales suele resultar compleja para gran parte de la población. En la misma línea, las licenciadas Ingrid Karpenko y Daiana Giuliano, docentes de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, remarcaron que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país y que los octógonos constituyen una herramienta de prevención basada en evidencia científica.

Las especialistas reconocieron que la legislación puede ser perfeccionada, especialmente en lo referido a los criterios utilizados para definir los excesos nutricionales. En ese sentido, plantearon que una actualización sustentada en evidencia científica podría mejorar la precisión del sistema sin resignar transparencia ni afectar el derecho a la información de los consumidores.

Uno de los puntos más cuestionados por quienes impulsan la derogación es el uso del Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado por algunos sectores como demasiado estricto. Sin embargo, las investigadoras sostienen que cualquier modificación debería surgir de evaluaciones técnicas y no de la eliminación completa de la norma.

Las docentes de Nutrición advirtieron además que el proyecto impulsado por el gobierno nacional no propone una reforma de la ley sino su derogación. Según explicaron, eso implicaría eliminar los octógonos de advertencia, flexibilizar las restricciones a la publicidad dirigida a niños y adolescentes, debilitar la regulación de los entornos escolares y volver a sistemas de información nutricional más difíciles de interpretar.

Para las especialistas, la discusión trasciende el etiquetado y enfrenta dos modelos de política pública: uno centrado en la prevención sanitaria y otro enfocado en la desregulación económica. En ese marco, coincidieron en que el desafío consiste en revisar y perfeccionar la norma sin renunciar a herramientas que consideran fundamentales para garantizar el derecho a la salud, a la alimentación saludable y al acceso a información clara para toda la población.