Por: Redacción enAgenda
Los consumos con tarjetas de crédito del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtieron en uno de los principales ejes de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.

De acuerdo con la documentación bancaria incorporada al expediente, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 Adorni registró consumos por $139.110.716 mediante tarjetas de crédito, una cifra que, según los investigadores, superó durante gran parte del período el salario que percibía como funcionario público. La causa también está a cargo del juez Ariel Lijo, quien autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del ex funcionario.
Hasta fines de 2025 Adorni percibía un salario cercano a $3,5 millones mensuales, mientras que tras asumir la Jefatura de Gabinete pasó a cobrar alrededor de $7,6 millones. Sin embargo, el ritmo de gastos detectado ya era superior antes de ese incremento salarial, por lo que la fiscalía busca establecer el origen de los fondos utilizados para afrontar esos consumos.
La investigación también alcanza el uso de tarjetas de crédito de empleados subordinados para realizar compras de artículos electrónicos, videojuegos, proyectores, camas y blanquería, cuyo dinero, según testigos, luego era reintegrado en efectivo por Adorni. Además, se analizan pagos en efectivo por viajes, refacciones de propiedades —entre ellas una obra valuada en 245 mil dólares en una vivienda del barrio privado Indio Cua— y operaciones inmobiliarias.
Otra de las líneas de investigación está vinculada a una inversión en criptomonedas. El fiscal solicitó un informe sobre la cotización del Bitcoin para determinar si resulta compatible con la explicación brindada por Adorni, quien aseguró haber obtenido 300 mil dólares de ganancias a partir de una inversión inicial de 200 mil dólares que mantuvo sin declarar durante años.
Mientras se aguarda el informe patrimonial definitivo, la fiscalía prepara un requerimiento para que Adorni justifique las diferencias detectadas entre sus ingresos y el nivel de gastos registrados. Si las explicaciones no resultan suficientes, podría ser citado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.