Por: Redacción enAgenda

El Gobierno nacional decidió no insistir con la reforma de la Ley de Tierras luego del revés sufrido durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La iniciativa, que buscaba eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, fue retirada antes de la votación tras la falta de respaldo político y el rechazo de distintos sectores sociales.

La decisión fue consensuada entre la conducción de La Libertad Avanza y la Casa Rosada. Según trascendió, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, acordó con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe Ignacio Devitt retirar el capítulo para evitar que fracasara el resto del proyecto. La propuesta había sido elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Desde el oficialismo reconocen que la iniciativa no será presentada nuevamente, al menos en el corto plazo. El proyecto pretendía derogar la Ley de Tierras sancionada en 2011, que fija un límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras. Incluso una versión modificada que elevaba ese tope al 25% tampoco logró reunir consenso político.

¿Qué pasa ahora con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pasó a Diputados, pero ya sin los capítulos sobre Ley de Tierras y Ley de Manejo del Fuego. Esas dos iniciativas quedaron fuera del texto. 

Lo principal que incluye el texto que obtuvo media sanción:

• Cambios en las expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar bienes y limita los criterios para calcular las indemnizaciones.
• Desalojos más rápidos: establece un procedimiento abreviado para desalojos, especialmente por falta de pago de alquileres, luego de una intimación previa al inquilino.

El traspié con el proyecto de ley también impactó en la agenda legislativa de Sturzenegger. El Gobierno decidió postergar otro paquete de desregulaciones de 349 artículos vinculado al mercado inmobiliario y otras actividades económicas, para concentrarse primero en otros proyectos considerados prioritarios, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.