Por: Redacción enAgenda

El Gobierno de Javier Milei avanzó este jueves con la privatización de AySA y adjudicó el 90% de las acciones de la empresa a un consorcio encabezado por Walter Román, que ofreció US$340,2 millones y tendrá a su cargo la operación del servicio de agua y cloacas durante los próximos 30 años, con posibilidad de extender la concesión por otros diez.

El empresario llega a la operación con antecedentes de cercanía con el oficialismo. Según trascendió, empresas vinculadas a Román aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza que llevó a Milei a la Presidencia.

El consorcio ganador está integrado por Rowing S.A., de Román; Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y el fondo PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. La oferta superó los US$285 millones presentados por el Grupo Roggio.

La elección se produjo pese a que la propuesta quedó por debajo de las expectativas que había manejado el Gobierno. Distintas estimaciones ubicaban la recaudación esperada por la operación entre US$450 y US$500 millones, mientras que la oferta ganadora fue de US$340,2 millones.

 

Una concesión por 30 años y miles de millones en inversiones

AySA presta el servicio de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. El nuevo operador deberá asumir la gestión entre enero y febrero de 2027.

El contrato establece una inversión mínima de alrededor de US$2.000 millones durante los primeros cinco años y obligaciones de infraestructura de entre US$13.000 y US$15.000 millones durante los 30 años iniciales de la concesión. Las redes, plantas, bombas y cañerías incorporadas al sistema continuarán siendo activos estatales al finalizar el contrato.

El Gobierno defendió la privatización y sostuvo que AySA era un “modelo de disfunción administrativa”. Según el Ejecutivo, entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro, mientras que todavía existen zonas sin cobertura de agua y cloacas.

Desde el oficialismo plantean que el nuevo esquema permitirá trasladar al sector privado la operación y las inversiones, mientras el Estado conservará las funciones de regulación, supervisión y control.

La privatización representa así uno de los principales pasos del programa de desestatización impulsado por Milei, aunque el vínculo empresarial de algunos de los adjudicatarios con el oficialismo agrega un componente político a una operación que involucra un servicio esencial para millones de habitantes del AMBA.