Por: Redacción enAgenda

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una nueva apelación del Gobierno de Javier Milei en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III hizo lugar a una queja del Estado nacional y ordenó tramitar el recurso contra la decisión de primera instancia que dispuso continuar con la ejecución de una medida cautelar.

La resolución, firmada este martes 20 de octubre, permite que el Gobierno cuestione judicialmente la continuidad de una orden que exige actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles, aprobada en el Congreso de la Nación.

El Ministerio de Capital Humano había intentado apelar la decisión del juez federal Martín Cormick, pero el recurso fue rechazado en primera instancia. Ante esa situación, presentó una queja ante la Cámara, que consideró que impedir la revisión podía ocasionar un perjuicio irreparable para el Estado.

El fallo no dejó sin efecto la cautelar ni determinó que el Gobierno haya cumplido con sus obligaciones. Los jueces aclararon que la decisión se limita a habilitar el trámite de la apelación, por lo que la discusión sobre la vigencia de la medida y su cumplimiento deberá continuar en las instancias correspondientes.

 

El planteo del Gobierno y las multas

En su presentación, el Estado sostuvo que la cautelar tenía un límite temporal que ya habría vencido. También argumentó que los incrementos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 habían superado la inflación y cuestionó el alcance de las obligaciones que debía cumplir.

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La discusión incluye, además, una intimación judicial que le otorgó cinco días al Gobierno para acatar la medida, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas diarias. La Cámara también habilitó la revisión de esa decisión, mientras que las multas de $100.000 diarios vinculadas con el incumplimiento habían quedado suspendidas provisoriamente tras una resolución anterior.

El conflicto se originó en una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/2025, que modificó las condiciones para la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional una condición impuesta por el decreto y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló esa sentencia, mientras que la ejecución de la cautelar abrió una nueva disputa judicial.

Con la última resolución, el Estado podrá discutir la continuidad del trámite de ejecución y la intimación para cumplir con la medida. Sin embargo, la obligación de actualizar los salarios universitarios y garantizar las becas no quedó anulada por este fallo.