Por: Redacción EnAgenda

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política educativa del Gobierno nacional y acusó a los rectores de las universidades públicas de sostener un “acuerdo de casta” para reclamar más recursos sin impulsar transformaciones en el sistema. Sus declaraciones se produjeron durante el debate del Presupuesto 2027 en las comisiones de la Cámara de Diputados, a menos de una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria.

“Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”, afirmó el funcionario, quien negó que la propuesta presupuestaria implique un recorte para las instituciones de educación superior.

Torrendell sostuvo que para el Gobierno “la educación es un pilar indispensable”, aunque planteó que el incremento del gasto no garantiza por sí mismo una mejora en los resultados académicos. En ese sentido, cuestionó los niveles de graduación de las universidades públicas, la evolución de la planta docente y las diferencias de financiamiento entre instituciones.

 

Los argumentos del Gobierno sobre el sistema universitario

Durante su exposición, el secretario de Educación presentó cifras para respaldar sus cuestionamientos al funcionamiento de las universidades. Según señaló, de cada 100 estudiantes que ingresan a las carreras, el 18,7% egresa en el tiempo teórico previsto, frente al 48,8% registrado en las universidades privadas.

También destacó el crecimiento de la planta docente del sistema universitario. “Entre 2010 y 2024 los docentes pasaron de 151 mil a 216 mil, un aumento del 43%”, sostuvo.

Otro de los puntos que mencionó fue la expansión institucional del sistema público. De acuerdo con sus datos, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023. “En dos décadas se crearon como en los casi cuatro siglos previos”, afirmó.

A partir de esos indicadores, Torrendell cuestionó que el aumento de los recursos destinados al sistema se traduzca necesariamente en mejores resultados educativos. Su planteo se centró en la necesidad de introducir cambios en el funcionamiento de las instituciones, mientras que desde la oposición pusieron el foco en la suficiencia de las partidas presupuestarias y el cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional.

 

La oposición cuestionó el financiamiento universitario

Las declaraciones del funcionario fueron rechazadas por legisladores opositores, que cuestionaron el diagnóstico oficial y advirtieron sobre la situación presupuestaria de las universidades públicas.

“Nos encontramos con la justificación del ajuste. Es una pena enorme”, afirmó la diputada de Unión por la Patria Marina Salzman.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió sobre la evolución de los fondos contemplados para el próximo ejercicio. Según señaló, el presupuesto proyectado “parece estar por encima de la inflación, pero no recupera el recorte de casi el 25% de 2026”.

La discusión también estuvo atravesada por los reclamos vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios docentes.

La bancada de Unión por la Patria sostuvo que, ante el “grave incumplimiento” de la normativa y la falta de recomposición salarial, “la voz de la comunidad universitaria no puede estar ausente”.

En la misma línea, el interbloque Unidos cuestionó la asignación presupuestaria y afirmó que el proyecto contempla un monto que representa un déficit del 32%. En su presentación, sostuvo que el Gobierno continúa incumpliendo los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a los fallos judiciales.

“No es un error de cálculo, sino la ratificación de una política de desarme del sistema de educación pública”, planteó el interbloque.