Por: Redacción EnAgenda

La falta de acuerdos con los bloques aliados y la preocupación de Washington por el impacto sobre sus compañías complican el avance del proyecto. Mientras tanto, el peronismo reclama explicaciones al canciller Pablo Quirno y exige medidas ante una nueva ruta marítima entre Chile y el archipiélago.

El Gobierno de Javier Milei dejó en suspenso el avance de la denominada Ley Malvinas, el proyecto con el que busca ampliar las herramientas legales para sancionar a empresas que desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa enfrenta dificultades para reunir los consensos necesarios en la Cámara de Diputados, en un escenario atravesado por las advertencias de Estados Unidos sobre las consecuencias que podría tener la normativa para sus empresas.

La señal más reciente llegó el jueves, cuando el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reconoció que Washington sigue de cerca el proyecto y expresó su preocupación por los intereses de las compañías de su país. Lo hizo durante una conferencia de prensa junto al canciller argentino, Pablo Quirno, en el Palacio San Martín.

 

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. También participaron del encuentro el Canciller, Pablo Quirno; el Embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y por parte de los Estados Unidos, el Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el Embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la Asesora Principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 23, 2026

 

El proyecto contempla no solo a las compañías directamente involucradas en la explotación de recursos en las islas, sino también a empresas vinculadas con su cadena de servicios y financiamiento.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en septiembre bajo el nombre de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El texto propone ampliar el régimen de sanciones aplicable a las actividades que la Argentina considera ilegales en los territorios y espacios marítimos en disputa.

Sin embargo, después de cuatro reuniones plenarias, el oficialismo no consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar con un dictamen. La última convocatoria fue suspendida y reprogramada para el martes 27 de octubre, aunque su realización también quedó en duda.

La falta de consenso con los bloques aliados se sumó a las diferencias que genera el alcance de la iniciativa. En ese contexto, el oficialismo comenzó a concentrar sus esfuerzos en otros proyectos de su agenda legislativa, entre ellos el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Por ahora, no existe una decisión formal de retirar el proyecto. Sin embargo, las dificultades parlamentarias y la preocupación expresada por Washington redujeron las perspectivas de una aprobación en el corto plazo.

Entre las empresas involucradas en el desarrollo petrolero de la zona se encuentran Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, vinculadas al proyecto Sea Lion. El alcance de las sanciones previstas también podría afectar a otras compañías que les presten servicios o mantengan relaciones comerciales con ellas.

 

El Presidente Javier Milei junto al Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en Casa Rosada. https://t.co/X8EGCL8uS2

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 23, 2026

 

 

La preocupación estadounidense abre un interrogante sobre el equilibrio que buscará la administración de Milei entre su estrategia de acercamiento a Washington y la aplicación de medidas destinadas a reforzar la posición argentina sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.