Manuel Adorni aseguró que la Ley bases es un “acelerador económico” y que permitirá el “saneamiento del Estado”

Tras el triunfo del jueves pasado de la gestión de Javier Milei con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal comienza un nuevo periodo de gestión del Gobierno de la Nación. “Permitirán el saneamiento del Estado y la llegada de nuevas inversiones”, indicó acerca de la aprobación del proyecto el vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa.

 

Además, el vocero presidencial destacó la “labor patriótica” de los legisladores que “honraron el mandato que hicieron los argentinos a través de su voto en las urnas”. En ese sentido, destacó que al permitir la aprobación en el Congreso de la Ley Bases y el paquete fiscal, y reafirmó que de esta manera el próximo 9 de julio se firmará en Tucumán el Pacto de Mayo, que contendrá 10 puntos de acuerdo “esenciales para que el país vuelva a ser una tierra de sentido común, paz y prosperidad”.

 

Además, Adorni destacó que la aprobación de la Ley “significa un paso más dentro de las reformas que el Presidente Javier Milei y su Gabinete consideramos de primera generación”, y resaltó que de esta manera se podrá avanzar en “el saneamiento del Estado y la llegada de nuevas inversiones”.

 

El Senado aprobó con 147 votos positivos, 107 negativos y 2 abstenciones las modificaciones que realizó el Senado al proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, por lo cual el texto logró una sanción definitiva. “Estamos viendo síntomas de recuperación lo cual nos indica que el punto más bajo de la ‘V’, efectivamente está quedando atrás. Y la ley Bases va a ser un acelerador”, concluyó Adorni.

 

¿Cuáles son los cambios que produce la Ley Bases?

 

La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal introduce profundos cambios en las áreas de la vida cotidiana, los mismo desde el pago de impuestos, con las reformas al Impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales, hasta las relaciones laborales, empleo, obras públicas y el poder de decisión del propio Milei.

 

Modificaciones en Ganancias 

El paquete fiscal establece una reversión del impuesto a las Ganancias establecido por Sergio Massa, durante la última parte del año pasado cuando era Ministro de Economía. A partir de la aprobación del proyecto, el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Así, con alícuotas que van del 5% al 35%, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos el año pasado. 

 

Bienes personales

 

En el caso del impuesto a los Bienes Personales, el mínimo no imponible se elevará, eximiendo a quienes posean bienes por debajo de los $100 millones. Las alícuotas disminuirán a un rango entre 0,5% y 1,5%. Además, un régimen especial permitirá adelantar el pago del tributo de cinco ejercicios a una tasa preferencial.

 

Monotributo

Los monotributistas, sus escalas y montos de facturación aumentarán hasta un 400% desde julio. Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción, actualizándose semestralmente según el índice de precios al consumidor. La categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,1 millones-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.

 

Por otro lado, se establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111.

 

Cambios en la relación con el Estado

 

Bajo el título “eficiencia burocrática”, la administración pública no podrá solicitar documentos o informes que ya hayan sido presentados en algún momento, como en el trámite del Certificado Único de Discapacidad, para lo que ya no será requerido presentar una copia del DNI. Además, si la administración pública no responde ante una solicitud específica en el tiempo estipulado, se activará el “silencio administrativo”, y lo solicitado automáticamente se otorgará automáticamente.

 

Empleados públicos

 

Los empleados de organismos del Estado sujetos a reestructuración podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización en base a su mejor salario mensual y su antigüedad. Además, se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas. Por otro lado, el derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día a aquellos empleados que paren.

 

Relaciones laborales entre privados

 

A partir de ahora el periodo de prueba pasará de tres a seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año dependiendo del tamaño de la empresa. Participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido. También se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario.

 

Obras Públicas

 

Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas salvo aquellas con avance de ejecución del 80% o más, o que posean financiamiento internacional, afectando infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas.

 

Nuevo régimen para grandes inversiones

Las empresas que operen en sectores como la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas tienen la oportunidad de inscribirse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a fomentar grandes inversiones.

 

Para calificar, las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Las reglas del régimen permiten a los inversores recaudar un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio de la inversión: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año. Las ganancias netas estarán sujetas a un impuesto del 7%, que se reducirá a 3.5% después de siete años de adhesión al régimen, según lo informado por medios de comunicación.

 

El régimen también prevé un incentivo para pequeños productores de provincias que se adhieran al RIGI. Las grandes compañías inscritas deberán emplear personal local y destinar al menos el 20% de su inversión a proveedores locales. Esto busca fomentar el desarrollo económico en las provincias y generar empleo local.

 

Blanqueo de capitales

 

Se trata de la regularización de bienes y activos no declarados, estará vigente desde la promulgación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con una posible prórroga hasta el 31 de julio del mismo año. Este régimen permitirá a las personas que posean capitales fuera del control del Estado adherirse al blanqueo de sus activos.

 

Para aquellos que deseen regularizar montos inferiores a US$100.000, podrán hacerlo sin pagar impuestos siempre que ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o lo destinen a ciertos tipos de inversiones específicas.

 

En el caso de montos superiores a US$100.000, se aplicarán diversas tasas impositivas según el período en que se efectúe el blanqueo. La primera etapa, hasta el 30 de septiembre de 2024, tendrá una tasa del 5%; la segunda etapa, de octubre a diciembre de 2024, aplicará una tasa del 10%; y la tercera etapa, de enero a marzo de 2025, impondrá una tasa del 15%.

 

Las personas que opten por este blanqueo también verán un incremento del 20% en la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, pasando del 0,5% al 0,6%. Además, los participantes en este régimen no podrán adherirse a blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.