El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda reforma migratoria mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que introduce cambios clave en el acceso de extranjeros a la salud, la educación y la residencia en el país. A través del DNU 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificaron artículos centrales de la ley 25.871 y sus complementarias.
La normativa -firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete- busca “ordenar el sistema migratorio” y reforzar el control de fronteras. Entre las modificaciones más relevantes, se amplían las causales para negar el ingreso al país y se endurecen los motivos que permiten la expulsión de personas extranjeras.
Uno de los cambios más significativos es el que afecta al acceso al sistema público de salud. A partir del DNU, solo se garantizará la atención en casos de emergencia para personas extranjeras, sin importar su situación migratoria. Fuera de esos casos, deberán presentar un seguro médico o pagar por anticipado para recibir atención en establecimientos del Estado nacional.
En el ámbito educativo, se mantiene el derecho de niños, niñas y adolescentes extranjeros a asistir a la escuela. Sin embargo, se establece que las instituciones deberán orientar y asesorar a las familias sobre cómo regularizar la situación migratoria de los estudiantes.
La reforma redefine las categorías migratorias (residente permanente, temporario y transitorio) y limita el uso de la “residencia precaria” a un máximo de 90 días. Esa condición no generará derechos de permanencia.
Además, se agregan nuevos motivos de rechazo al ingreso y expulsión. Entre ellos se incluyen:
• Ocultar antecedentes penales o usar documentación falsa.
• Haber sido condenado por delitos con penas menores o mayores a tres años, incluso sin sentencia firme.
• Ingresar por pasos no habilitados o sin control migratorio.
• Haber sido procesado penalmente o estar citado a juicio.
• Participar en organizaciones vinculadas al terrorismo, la violencia o contrarias al sistema democrático.
El DNU exige que cada persona extranjera que desee ingresar al país complete una declaración jurada que incluya el motivo de ingreso, seguro de salud y otros requisitos. La Dirección Nacional de Migraciones podrá rechazar el ingreso en frontera ante la detección de documentación inadecuada, motivos falsos o situaciones que afecten la seguridad o la salud pública.
En esos casos, se podrá aplicar una prohibición de reingreso de al menos cinco años.
El decreto también crea una nueva figura dentro del Ministerio de Economía: la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Tendrá como objetivo diseñar y gestionar programas para atraer a extranjeros con capacidad de contribuir al desarrollo económico argentino.