Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, confirmó este jueves que presentarán un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que durante el proceso judicial contra la expresidenta se violaron garantías constitucionales. La decisión se da luego de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción.
“Se violan garantías constitucionales”, aseguró Beraldi en declaraciones a la prensa y sostuvo que su defendida fue víctima del llamado “derecho penal del enemigo”, al considerar que, por su figura política, fue tratada por fuera del marco de garantías que rige para cualquier ciudadano. “Creen que porque ella es Cristina pueden tratarla como un enemigo”, afirmó.
El abogado aclaró que el planteo ante la CIDH no responde a una estrategia política, sino a un mecanismo legal previsto en el sistema interamericano. “El Pacto de San José de Costa Rica establece dos organismos: primero se presenta el caso ante la Comisión, que evalúa la admisibilidad, y recién después puede intervenir la Corte Interamericana”, explicó.
En paralelo, Beraldi negó de forma tajante que Cristina Kirchner esté considerando pedir asilo político en alguna embajada. “Esas son cosas que Cristina no hace. Quizás las hicieron personas que se fueron a Uruguay y estuvieron tres años escapados. Pero eso no está en su cabeza”, expresó, en una clara alusión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor del gobierno de Mauricio Macri.
Consultado por una eventual candidatura de la exmandataria pese a la condena, Beraldi se desentendió del debate político: “Ese es un tema político y yo soy un abogado técnico. No hablo de esas cuestiones. Ni siquiera con ella”.
En cuanto al cumplimiento de las disposiciones judiciales, Beraldi ratificó que Cristina Kirchner se presentará ante el tribunal dentro del plazo de cinco días hábiles, tal como se le notificó. También confirmó que el pedido de prisión domiciliaria indica su residencia habitual como lugar de cumplimiento.
Por último, el abogado se refirió al monto económico que la Justicia estableció por defraudación al Estado. “Eso va a ser materia de un incidente de ejecución. La sentencia está firme, y eso es lo que dispuso el tribunal”, concluyó.