Micros demorados, pasajeros requisados: el Gobierno controla el traslado de manifestantes a CABA

En el marco de la convocatoria a Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo de alcance nacional que incluye controles estrictos a colectivos, patrullajes en ruta y presencia de fuerzas federales en estaciones de tren. La movilización se realiza tras la confirmación de la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y el reciente otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria a la ex presidenta.

Desde la noche del martes se registraron múltiples denuncias por requisas, demoras y controles sobre los micros que viajaban hacia la Ciudad de Buenos Aires desde distintas provincias. En algunos casos, pasajeros relataron haber sido obligados a descender en plena ruta, mientras personal de Gendarmería y Policía Federal requisaba los vehículos.

Uno de los puntos más controlados fue la autopista Ricchieri, acceso clave desde el oeste del Conurbano, donde los agentes inspeccionaron los colectivos que llegaban desde distintos puntos del país. También hubo operativos en la autopista Buenos Aires - La Plata, por donde circulan las columnas de militantes del sur bonaerense.

Además, en la Estación Constitución efectivos de la Policía Federal pidieron documentos a pasajeros de la Línea Roca que bajaban del tren, en el marco de lo que desde el Gobierno calificaron como “controles de rutina”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el operativo como parte de una estrategia preventiva para evitar incidentes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo: “Vamos a tener todos los medios de seguridad disponibles para que esto no se convierta en algo que nadie quiere. Hay que controlar los elementos que se llevan y evitar cualquier intento de violencia”.

Las columnas continuaron su camino hacia la Ciudad de Buenos Aires. El acto central está previsto para las 14hs en Plaza de Mayo, con la participación de dirigentes, organizaciones sociales y militantes peronistas, en rechazo a lo que consideran una “proscripción política” contra Cristina Kirchner.

Desde el oficialismo, en tanto, afirman que buscan garantizar la seguridad en el espacio público y minimizar los efectos de la protesta en la vida cotidiana de la población. “Es una minoría que tiene derecho a expresarse, pero también debe respetar al resto de los ciudadanos”, concluyó Francos.