Juicio por YPF: fallo de Preska en EEUU ordena entregar el 51% a beneficiarios

La jueza Loretta Preska, del Tribunal de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF como parte del fallo que condenó al país a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012. Se trata del paquete accionario que el Estado adquirió tras la nacionalización impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El fallo indica que la Argentina deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo de 14 días, e instruir a la entidad a transferir ese paquete accionario a los beneficiarios del fallo o a quienes estos designen. “Se concede la moción de los demandantes”, sentenció Preska. Además, rechazó el pedido del Estado argentino para realizar una audiencia oral y solicitó al secretario del tribunal que concluya el caso.

El fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio, había solicitado en abril el traspaso de las acciones como forma de cobro ante la falta de cumplimiento del fallo. La entrega del 51% de YPF se da en ese contexto: como un paso más en las presiones para cobrar el monto dispuesto por la justicia.

Desde YPF señalaron que la decisión es de cumplimiento imposible sin la aprobación del Congreso. Alegan que cualquier modificación en la composición accionaria de la empresa requiere una ley del Poder Legislativo, lo que genera incertidumbre sobre los próximos pasos. El Gobierno, por su parte, tiene previsto apelar, lo que llevaría el caso nuevamente a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Sería la tercera apelación en curso dentro del juicio por la expropiación.

El conflicto judicial se remonta a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar la mayoría accionaria de YPF, en manos de Repsol, en 2012. Aunque el Estado acordó una compensación con la empresa española, no hizo lo mismo con otros accionistas minoritarios, lo que generó demandas como la que ahora amenaza con quitarle al país el control de su petrolera.

En noviembre del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos había recomendado a la jueza Preska rechazar el pedido de Burford, argumentando que concederlo violaría la inmunidad soberana argentina. Sin embargo, la magistrada decidió avanzar, respaldándose en la influencia que el Estado mantiene sobre las decisiones empresariales de YPF.

La resolución, que genera fuerte impacto político y económico, vuelve a poner en discusión la soberanía argentina en sus recursos naturales y las consecuencias de una década de litigios en los tribunales estadounidenses.