El Gobierno pidió suspender el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF

El Gobierno argentino presentó un escrito ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco del juicio por la forma en que se llevó adelante la estatización de la petrolera en 2012. La presentación, dirigida a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, busca frenar cualquier ejecución hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de este año.

En el documento, el Ejecutivo advierte que la entrega de las acciones provocaría un “daño irreparable” y remarca que aún no existe una sentencia firme. Por eso, además de pedir la suspensión de la medida, también solicitó que se dicte una protección provisoria mientras el tribunal superior analiza el caso.

Entre los principales argumentos, el Gobierno subraya que YPF es la principal empresa energética del país, que emplea a más de 23.000 personas y que su control está garantizado por la ley 26.741, la cual exige que el Estado conserve la mayoría accionaria. “Esto no es un juicio comercial entre empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, plantearon los abogados ante Preska.

Pese a la presentación, el Gobierno no ofreció garantías financieras para frenar la ejecución. En la Casa Rosada sostienen que no tienen previsto ceder el control de YPF ni realizar ningún tipo de pago. En cambio, buscan evitar que los fondos litigantes avancen con embargos sobre activos estratégicos argentinos en el exterior.

En caso de que la jueza Preska rechace el pedido, desde el Ejecutivo anticiparon que acudirán directamente al Segundo Circuito de Apelaciones para pedir la suspensión de la ejecución por la vía urgente. Mientras tanto, las negociaciones con los fondos están congeladas y el Gobierno descarta cualquier acuerdo extrajudicial.

“La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

En el oficialismo confían en que la Cámara de Apelaciones podría revertir el fallo en los próximos meses. La audiencia pública está prevista para septiembre y la expectativa del Gobierno es ganar tiempo hasta entonces.