INTERNACIONAL | 14 JUL. 2025

ESTADOS UNIDOS

Caso YPF: la jueza Preska negó el pedido argentino y favoreció a Burford

En un nuevo revés judicial, la jueza Loretta Preska negó la solicitud del Gobierno para frenar la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo Burford. Argentina ya apeló el fallo y evalúa llegar a la Corte Suprema de EE.UU.



La jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar en contra de la Argentina en el marco de la causa por la expropiación de YPF en 2012. Este lunes, rechazó el pedido del Gobierno nacional de suspender la orden que habilita la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera estatal al fondo Burford Capital, litigante en la causa.

La decisión era esperada por la administración de Javier Milei, que ya había presentado una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. El rechazo de Preska representa una nueva etapa en un litigio que se arrastra desde hace más de una década y que implica una sentencia en primera instancia por 16.000 millones de dólares contra el Estado argentino.

 

Duras críticas y acusaciones de dilación

En su resolución, Preska acusó a la Argentina de “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias. La magistrada recordó que el país tuvo tiempo adicional para ordenar la transición tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023, pero que no hizo “ningún esfuerzo” por cumplir con las condiciones que se le habían impuesto.

“La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su orden, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República”, escribió la jueza, al negar el pedido de suspensión.

Si bien la jueza no decretó aún el desacato, esa posibilidad quedará en manos de los demandantes si deciden solicitarlo. Una sanción de este tipo sería grave, ya que afectaría a un país que actualmente mantiene relaciones activas con los mercados internacionales.

 

Estrategia argentina: apelar y ganar tiempo

El Gobierno ya presentó una apelación ante la Cámara, y según fuentes oficiales, no se descarta escalar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. La estrategia legal de la Casa Rosada apunta a extender los plazos mientras intenta negociar con Burford o alcanzar una instancia de revisión más favorable.

 

Audiencia clave por los “alter ego”

En paralelo, este martes 15 de julio se celebrará una audiencia convocada por Preska en el tribunal de Nueva York. El objetivo es avanzar con un pedido de los demandantes para identificar activos embargables del Estado argentino a través de sus “alter ego”, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central.

La audiencia busca obtener información que permita determinar si esas entidades actúan como extensiones del Estado y, por lo tanto, podrían ser alcanzadas por embargos para garantizar el cobro de la sentencia.

 

Un proceso con varias vías abiertas

El litigio por YPF tiene múltiples carriles en curso. Por un lado, la apelación principal de la sentencia por USD 16.000 millones aún no tiene fecha de audiencia y se estima que recién podría resolverse en 2026. Por otro, la entrega de acciones ordenada por Preska corre por vía separada y fue apelada por el Gobierno para intentar frenar su ejecución inmediata.

El ex viceprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, remarcó en redes sociales que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos cuestionó la legalidad de la orden de Preska, lo que podría jugar a favor de la postura argentina en instancias superiores.

Mientras tanto, la jueza mantiene firme su decisión y busca que el fondo Burford -que compró los derechos de litigio por la expropiación de YPF-cobre cuanto antes. La pelota ahora está en la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, en la Corte Suprema de EE.UU., si el país decide llegar hasta allí.

El Gobierno sostiene que no puede avanzar con la transferencia de las acciones porque se requiere una ley del Congreso nacional, y advierte sobre la violación del principio de soberanía y de la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA). La pulseada jurídica sigue abierta.