La Justicia indagó este viernes a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de al menos 96 personas en distintos puntos del país.
La audiencia se desarrolló en los tribunales federales de La Plata bajo un fuerte operativo de seguridad y estuvo encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak. El magistrado leyó formalmente la imputación y tomó declaración al empresario, quien quedó detenido desde el miércoles, tras conocerse los resultados de las pericias que comprobaron que los lotes adulterados de fentanilo producidos por su firma fueron letales para decenas de pacientes.
En su declaración, García Furfaro se defendió alegando que no tuvo responsabilidad técnica en la producción y que se limitaba a ser socio mayoritario del laboratorio. “Estoy acá para que me corten la cabeza”, expresó al iniciar su exposición, en la que apuntó contra los organismos de control -como la ANMAT- y aseguró que él mismo fue víctima de irregularidades en la cadena de fiscalización.
El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el lote 31202 de fentanilo incidió directamente en las muertes, mientras que una pericia del Instituto Malbrán confirmó graves falencias estructurales en el proceso de producción del laboratorio Ramallo, vinculado a HLB Pharma. Para los investigadores, se trató de una tragedia evitable que expuso a miles de pacientes a un riesgo sanitario.
A raíz de esos resultados, también fueron detenidos familiares y directivos de la empresa: los hermanos Diego y Damián García Furfaro; su madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista; Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo; los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano; Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente.
El juez Kreplak tiene ahora un plazo de diez días hábiles para definir la situación procesal de García Furfaro y de los demás acusados. Podría dictar el procesamiento por homicidio culposo o doloso, en el marco de una causa que ya es considerada la mayor tragedia sanitaria vinculada a medicamentos en la historia argentina.
Las querellas reclamaron que se mantenga la prisión preventiva de los acusados y que se amplíen las pericias, además de avanzar sobre la cadena de distribución que habría permitido que el fentanilo adulterado llegara al mercado.
“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta, a cargo de la investigación.
La resolución de Kreplak será clave para determinar responsabilidades y esclarecer si existió una red empresarial y logística que lucró con la distribución de un producto que terminó siendo mortal.