NACIONAL | 17 SEPT. 2025
Marcha Federal Universitaria: el Gobierno no aplicará el protocolo antipiquetes
El Gobierno confirmó que no aplicará el protocolo antipiquetes en la Marcha Federal Universitaria de este miércoles, pero dispuso un megaoperativo con más de 1100 efectivos y vallados en el Congreso.
La Marcha Federal Universitaria prevista para este miércoles al Congreso se dará en un clima de fuerte expectativa política y social. Desde el Gobierno Nacional confirmaron que no se aplicará el protocolo antipiquetes, aunque dispusieron un megaoperativo de seguridad con más de 1100 efectivos de las fuerzas federales y vallados en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
La movilización comenzará a las 14, mientras que la Cámara de Diputados sesionará desde las 13 para tratar el rechazo a los vetos presidenciales sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.
El operativo de seguridad
El esquema de seguridad diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación incluye la presencia de 700 policías federales, 280 gendarmes, 90 miembros de Prefectura y 30 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a los que se sumarán uniformados de la Policía de la Ciudad.
El Gobierno instruyó a las fuerzas a evitar el contacto con los manifestantes y solo intervenir en caso de que se intenten derribar las vallas colocadas alrededor del Congreso. “Que marchen, los vamos a dejar”, señalaron desde el Ejecutivo, que busca evitar nuevos focos de conflicto tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.
Quiénes marchan
La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y contará con la participación de agrupaciones estudiantiles, gremios docentes y no docentes, así como la CGT, la CTA, ATE, el PJ, la UCR, la Coalición Cívica y Unión por la Patria, entre otras fuerzas políticas y sociales.
En la previa, estudiantes tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires en apoyo a la movilización, mientras que en el Hospital Garrahan se desarrolla desde las 7 de la mañana un paro en reclamo por la emergencia pediátrica.
El trasfondo político
El oficialismo apuesta a sostener el veto presidencial y asegura contar con los votos necesarios para bloquear el rechazo en Diputados. Según el Ejecutivo, la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo fiscal de $1,06 billones en 2025, al prorrogar con actualización inflacionaria la partida presupuestaria de 2023.
En los fundamentos del veto, el Gobierno apeló además al artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda norma que disponga nuevos gastos especifique de dónde saldrán los recursos.
La expectativa está puesta en que, hacia la tarde, las distintas columnas confluyan en la Plaza del Congreso, donde se prevé una serie de discursos de referentes del sector universitario, sindical y político.
