La Justicia en La Plata obliga a un colegio a capacitarse sobre inclusión y TEA

La Plata volvió a quedar en el centro de la escena nacional con un fallo que podría modificar la manera en que las escuelas abordan la inclusión. La Justicia local resolvió a favor de la familia del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, en el conflicto que mantuvieron con un colegio de City Bell que había rechazado la renovación de matrícula de sus dos hijos, uno de ellos diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Leer también: Aniversario platense: quiénes tocan en el Festival OLGA este viernes

El caso, que comenzó hace más de un año, escaló hasta convertirse en un símbolo para muchas familias que siguen enfrentando barreras dentro del sistema educativo. Ahora, con una sentencia firme, la Justicia dejó un mensaje claro: la inclusión no es optativa y las instituciones deben garantizarla.

Un conflicto que expuso una problemática extendida

Todo empezó en octubre de 2024, cuando la familia Rey fue informada de que sus hijos, Benicio y Renata, no podrían continuar en el Instituto José Manuel Estrada para el ciclo lectivo 2025. El argumento: el colegio hacía uso del “derecho de admisión”. Para los padres, aquello fue una forma de exclusión que afectaba directamente al niño con TEA, pero también a su hermana.

El reclamo se transformó rápidamente en un amparo judicial. Y aunque la primera respuesta fue una medida cautelar que permitió sostener las matrículas de manera provisoria, la discusión de fondo siguió su curso durante meses.

Un fallo con impacto más allá del caso

La resolución final que hasta ahora no había trascendido públicamente ordena que ambos chicos continúen en el colegio hasta finalizar sus ciclos educativos. Pero la novedad no termina ahí: el fallo también obliga a la institución a capacitar a todo su personal en discapacidad, derechos humanos y abordaje del autismo, y a realizar los ajustes necesarios para garantizar una inclusión real.

Para las organizaciones y familias vinculadas al colectivo TEA, se trata de un avance enorme. El tribunal definió lo ocurrido como un caso de “discriminación indirecta”, una figura que reconoce que, aun sin una intención explícita, ciertas decisiones pueden perjudicar a personas con discapacidad y vulnerar derechos fundamentales.

La resolución judicial exige capacitaciones obligatorias y controles para que situaciones similares no se repitan. Y envía un mensaje que trasciende a este colegio y a esta familia: las aulas deben ser accesibles para todos los chicos, con todas sus singularidades.