El Senado de la Nación aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, que fue convertido en ley con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, tras una sesión especial que se extendió por más de once horas. En la misma jornada, también quedó sancionada la Ley de Inocencia Fiscal, con 43 votos positivos y 26 negativos, completando así la agenda legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y comenzó pasadas las 12.15 con la jura del senador Enzo Fullone. El tratamiento del Presupuesto se inició cerca de las 13.30 y contempló un esquema de gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1%, un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%.
Durante el debate, el senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió el proyecto al señalar que se trata de un presupuesto de equilibrio fiscal, algo que —según afirmó— no se había logrado en más de una década. Desde otros bloques aliados, como el PRO y la UCR, se respaldó la iniciativa, aunque se reclamó mayor cumplimiento de los compromisos con las provincias y una administración más transparente de los recursos.
Desde la oposición, en cambio, surgieron fuertes críticas. Legisladores del bloque Justicialista y de Convicción Federal cuestionaron la falta de inversión en áreas sensibles como educación, obras públicas y ciencia, y advirtieron que el proyecto responde más a señales hacia los mercados que a un plan de desarrollo económico y social. También se objetó el tratamiento acelerado del Presupuesto y la actualización de algunas variables macroeconómicas.
Tras la sanción del Presupuesto, el Senado avanzó con la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce cambios al Régimen Penal Tributario y crea un sistema de Declaración Jurada Simplificada, con el objetivo de redefinir el tratamiento de las infracciones fiscales. El oficialismo sostuvo que la norma busca reglas claras y mayor transparencia, mientras que sectores opositores alertaron que podría beneficiar a grandes evasores y no resolver los problemas estructurales del sistema impositivo.
Con la aprobación de ambas leyes, el Gobierno cerró el año legislativo con un respaldo clave en el Congreso, consolidando su hoja de ruta económica para 2026 y enviando una señal de gobernabilidad y control político, en un contexto marcado por debates intensos y fuertes diferencias entre oficialismo y oposición.