El Gobierno nacional anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar como organismo descentralizado y será absorbida por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
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La decisión forma parte de un proceso de reorganización administrativa que, según el Ejecutivo, busca reducir la burocracia y reforzar los controles sobre el sistema.
El nuevo secretario de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del organismo. La confirmación fue realizada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que la medida no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó durante la conferencia de prensa en Casa Rosada.
Adorni explicó que la ANDIS fue creada en 2017 como un ente descentralizado con el objetivo de coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad, pero sostuvo que su autonomía administrativa derivó en “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
En ese sentido, enumeró una serie de irregularidades detectadas en auditorías internas: pensiones que continuaban siendo cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, certificados avalados sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios inexistentes.
Desde el Ejecutivo sostienen que la absorción por parte del Ministerio de Salud permitirá administrar las políticas de discapacidad con mayor transparencia y control. “Habrá trazabilidad en los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, aseguró Adorni. Además, destacó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.
Pese a la disolución del organismo, el Gobierno insistió en que no habrá recortes. “Esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, subrayó el jefe de Gabinete. Desde la cartera de Salud remarcan que la transformación apunta a ordenar el sistema, fortalecer los equipos técnicos y mejorar la atención a los usuarios y sus familias.
La modificación también implica la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, así como la eliminación de superposiciones de funciones. Se trata de una decisión que el Ejecutivo venía evaluando desde hace meses.
El proceso de revisión se aceleró tras la difusión de los audios de Spagnuolo que derivaron en una auditoría interna. Según trascendió, se detectaron al menos 178 mil personas fallecidas que figuraban como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), información que fue cruzada con las bases del RENAPER.
A partir de ese hallazgo, Vilches autorizó la baja de los certificados observados y no se descarta avanzar en la judicialización de los beneficiarios irregulares y de los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, señalaron fuentes oficiales.