La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tendrá en 2026 un presupuesto de $322.996.335.363, de acuerdo a la distribución de créditos del Presupuesto Nacional destinado a las universidades públicas, aprobada por el Congreso a fines del año pasado. Con ese monto, la casa de estudios platense se ubica en el tercer lugar a nivel nacional entre las instituciones que más fondos recibirán, solo por detrás de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Pese a la magnitud de la cifra, desde el ámbito universitario advierten que el financiamiento vuelve a mostrar una caída en términos reales frente al avance de la inflación.
Según informaron desde la Presidencia de la UNLP, el Rectorado ya comenzó a trabajar con el monto asignado, aunque el tratamiento formal del presupuesto se dará recién el mes próximo, una vez finalizado el receso estival. En ese momento, el expediente será girado a las comisiones de Economía y Finanzas del Consejo Superior, que deberán elaborar el dictamen que definirá la distribución de los recursos entre facultades, colegios y distintas dependencias.
En términos nominales, los casi $323 mil millones representan un aumento del 29,6% en relación con 2025, cuando a la UNLP se le habían asignado $249.227.476.753. No obstante, ese incremento queda nuevamente por debajo de la inflación acumulada y proyectada, lo que consolida —según estiman en la comunidad universitaria— una nueva pérdida del poder de compra del presupuesto.
A su vez, la comparación interanual tiene una particularidad clave: el presupuesto 2025 nunca fue sancionado por el Congreso. Durante ese año, la UNLP —al igual que el resto del sistema universitario— funcionó con una prórroga del presupuesto 2023, a la que se sumaron refuerzos y ajustes administrativos a lo largo del ejercicio.
En ese sentido, los $249.227 millones correspondientes a 2025 surgen de proyecciones y reasignaciones, y no de una ley presupuestaria aprobada. Aun así, el análisis permite visualizar una tendencia sostenida de desfasaje entre los aumentos nominales y los costos reales que afrontan las universidades públicas.