El riesgo país se ubica en torno a los 503 puntos, cerca de perforar el piso simbólico de los 500, un dato que el Gobierno de Javier Milei busca presentar como un hito económico.
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Sin embargo, detrás de la celebración oficial aparecen matices que relativizan el alcance real de esta baja y exponen límites estructurales que siguen condicionando a la economía argentina.
Si bien se trata del nivel más bajo desde junio de 2018, especialistas advierten que una caída puntual no implica un cambio de fondo. Para que Argentina pueda pensar seriamente en volver a los mercados internacionales de crédito, el indicador debería consolidarse durante meses en la franja de 450 a 400 puntos, algo que hoy luce lejano en un contexto de fuerte ajuste interno y fragilidad social.
El propio mercado reconoce que cruzar el umbral de los 500 puntos no garantiza acceso automático al financiamiento externo. En ese sentido, la mejora aparece más vinculada a factores coyunturales que a una recuperación sostenible de la confianza.
La compresión de spreads se explica, en buena medida, por compras de divisas del Banco Central, que en enero superaron los US$ 1.000 millones, en un esquema que muchos analistas consideran transitorio y dependiente del cepo y del freno a la actividad.
Mientras el Gobierno destaca la baja del riesgo país, otros indicadores muestran tensiones crecientes. El dólar volvió a moverse al alza, con el tipo de cambio minorista acercándose a los $1.465. La suba cambiaria impacta directamente en precios, salarios y consumo, en un escenario donde el poder adquisitivo continúa en caída.
Además, la reducción del riesgo país no se traduce automáticamente en mejoras para la economía real. La actividad sigue resentida, el crédito permanece virtualmente paralizado y el ajuste fiscal se sostiene a costa de recortes en jubilaciones, salarios públicos y transferencias a las provincias. Para amplios sectores sociales, los supuestos logros financieros no se grafican en la vida cotidiana.
En este contexto, la baja del riesgo país aparece más como una señal para inversores financieros que como una mejora integral de la economía. Sin crecimiento, sin recuperación del empleo y con un modelo basado en la contracción del gasto y la licuación de ingresos.