Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este martes la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora será tratada en el Senado.

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Acompañaron el proyecto el oficialismo y bloques aliados como PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. El peronismo votó unido en contra en la votación general, aunque el Frente Renovador se diferenció al acompañar en particular la baja de la edad de punibilidad, en línea con antecedentes legislativos del espacio.

El nuevo régimen no solo fija la imputabilidad a partir de los 14 años, sino que establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, robo agravado, abuso sexual o secuestro. Para delitos con penas menores a 10 años prevé alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de concurrencia a determinados lugares y prohibición de conducir.

El proyecto también contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, con garantía de acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos mayores de edad.

Asimismo, se habilitan herramientas como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, con consentimiento de la víctima. La norma refuerza además el rol de las víctimas dentro del proceso, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con asistencia jurídica y recibir asistencia psicológica. El debate fue seguido por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores y organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia.

En la versión final se incorporó una cláusula presupuestaria que destina $23.739 millones para la implementación del régimen: $3.131 millones para el Ministerio de Justicia y $20.607 millones para la Defensoría General de la Nación, tras reclamos de gobernadores que advertían sobre el impacto financiero en las provincias.

Con la media sanción obtenida, el oficialismo buscará ahora avanzar con el tratamiento en el Senado antes de que concluyan las sesiones extraordinarias para lograr ratificar lo expuesto en la Cámara de Diputados y sancionar la ley.