La Justicia avanzará con las declaraciones indagatorias a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes. El juez Diego Amarante, titular del Juzgado Penal Económico N°5, rechazó este martes el pedido de la defensa técnica para suspender las audiencias ya programadas.
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El magistrado calificó como “improcedente” el reclamo presentado por los abogados de Claudio Tapia, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. La estrategia defensiva buscaba dejar sin efecto las citaciones bajo el argumento de que aún se encuentra pendiente una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Los letrados Norberto Frontini y Lucio Simonetti sostuvieron que corresponde esperar el pronunciamiento del tribunal superior, donde tramita una apelación en la que solicitan el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito. Según su postura, no hubo conducta criminal que justifique el avance del proceso penal y las indagatorias deberían postergarse hasta que se defina esa cuestión de fondo.
No obstante, el juez Amarante resolvió no interrumpir el curso de la investigación. De este modo, el cronograma de audiencias se mantiene firme y el presidente de la AFA deberá presentarse a declarar este jueves 5 de marzo en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.
El esquema de presentaciones continuará de la siguiente manera:
Viernes 6 de marzo: declarará el directivo Gustavo Lorenzo.
Lunes 9 de marzo: comparecerán Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
Miércoles 11 de marzo: cerrará la ronda el tesorero Pablo Toviggino.
Toviggino logró modificar su fecha inicial tras la designación de su nuevo abogado, Marcelo Rocchetti, quien solicitó tiempo para analizar el expediente. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido para que el directivo declare por videoconferencia y ratificó la presencialidad obligatoria. Además, se dispuso un refuerzo de seguridad y restricciones de circulación en el juzgado para garantizar el normal desarrollo de las audiencias.
La causa se inició el 12 de diciembre pasado a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El organismo acusó a la AFA de descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días.
La maniobra investigada comprende 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la querella, la entidad no atravesaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago. Un informe técnico detalló que solo en diciembre de 2024 la asociación recibió acreditaciones bancarias por más de $45.072 millones, además de mantener inversiones en plazos fijos en pesos y dólares.
La acusación sostiene que la AFA habría ejecutado una “bicicleta financiera” con fondos correspondientes a la seguridad social de sus 1.225 empleados y a retenciones impositivas. Las deudas bajo análisis ascienden a:
Recursos de la seguridad social: $8.675.262.968,47.
Retenciones de tributos (IVA y Ganancias): $10.678.283.875,38.
El fiscal Claudio Navas Rial respaldó el avance de la investigación en base a los cuadros de vencimientos aportados por el organismo recaudador. Los hechos se encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión.
Concluida la última indagatoria el 11 de marzo, el juez contará con un plazo de diez días hábiles para definir la situación procesal de los acusados. En esa instancia deberá resolver si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito de los directivos involucrados.