Seguridad endurece medidas por amenazas en escuelas: "Es un delito"

Autoridades de Seguridad y Educación de la Provincia de Buenos Aires y de La Plata, definieron nuevas medidas para enfrentar la seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas de la región. El eje central: considerar cada caso como un delito y avanzar con intervención policial y judicial.

La decisión se tomó en una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad, tras los episodios registrados en establecimientos de La Plata y Ensenada, donde aparecieron mensajes intimidatorios que generaron preocupación en la comunidad educativa.

Buscan evitar un “efecto contagio”

Uno de los principales objetivos del encuentro fue prevenir una escalada de casos, similar a la que ocurrió años atrás con las amenazas de bomba que derivaron en suspensiones masivas de clases.

Desde el área de Seguridad fueron contundentes: “No se trata de travesuras, sino de un delito de intimidación pública”, señalaron fuentes oficiales. En esa línea, remarcaron que las autoridades escolares estarán obligadas a denunciar cada episodio.

El antecedente reciente de un crimen en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un alumno asesinó a un compañero, también reforzó la preocupación y la necesidad de actuar con rapidez.

Intervención policial y judicial en cada caso

El protocolo definido establece la intervención de personal policial en cada escuela donde se detecte una amenaza, con el objetivo de relevar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables.

“Se va a trabajar con policía científica, tomar testimonios y judicializar los casos hasta encontrar al autor”, explicaron desde el área.

Además, insistieron en que la intimidación pública es un delito tipificado en el Código Penal, con penas que van de 2 a 6 años de prisión.

Quiénes participaron de la reunión

Del encuentro participaron funcionarios de distintas áreas, entre ellos los secretarios de Seguridad de La Plata y Ensenada, junto a representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio Público Fiscal.

También estuvieron presentes el fiscal general adjunto Alejandro Marchet y autoridades del Ministerio de Seguridad provincial.