La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un dato relevante: un testigo aseguró que el jefe de Gabinete mantiene una deuda de 65.000 dólares no documentada, vinculada a refacciones en una propiedad adquirida en Caballito.
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La declaración fue realizada por Pablo Martín Feijoo ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien instruye la causa junto al juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py. El empresario, vinculado a la operación inmobiliaria bajo análisis, declaró durante tres horas bajo estrictas medidas de seguridad.
Según su testimonio, fue él quien afrontó el costo total de las remodelaciones del departamento ubicado en la calle Miró al 500, previo a su venta. Ese monto, estimado en 65.000 dólares, habría sido acordado con Adorni para ser reintegrado “por afuera” una vez que el funcionario concretara la venta de otra propiedad.
La operación investigada se remonta a 2025, cuando el inmueble fue adquirido inicialmente por dos jubiladas que luego financiaron la compra del jefe de Gabinete. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares y el resto —unos 200.000— fue financiado a un año sin intereses.
Uno de los puntos que intenta esclarecer la Justicia es por qué el departamento fue vendido por debajo del valor que inicialmente proyectaban sus intermediarios. En ese sentido, Feijoo sostuvo que buscaba posicionarse en el mercado cerrando operaciones con “gente importante”, aunque aclaró que ese aspecto no es central en la causa.
El foco de la investigación está puesto en determinar si el nivel de vida del funcionario es compatible con sus ingresos declarados. En ese marco, los 65.000 dólares mencionados se suman a otros compromisos financieros: el pago pendiente a las jubiladas acreedoras y un préstamo adicional con garantía hipotecaria.
Además, la fiscalía amplió en los últimos días las medidas de prueba para analizar en profundidad los movimientos financieros de Adorni y su entorno familiar. Entre ellas, solicitó información a entidades bancarias, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y empresas de turismo, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y los gastos realizados en los últimos años.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y suma nuevos elementos que complejizan el expediente, en un contexto donde la clave será determinar si existieron ingresos no declarados o maniobras irregulares en la evolución patrimonial del funcionario.