En la noche del viernes, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en la Casa Rosada junto a sectores del oficialismo y dialoguistas, donde explicó las razones que motivaron su decisión para vetar la ley de movilidad jubilatoria y juntó respaldo legislativo.
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Tras firmar el veto total, volverá a regir el sistema previsional establecido por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de marzo. El mandatario argumentó que esta reforma iría contra de su plan económico y perjudicaría el equilibrio fiscal con un gasto no previsto por el Estado.
"Cada vez que los degenerados fiscales del Congreso vayan contra el equilibrio fiscal, yo les voy a responder con un veto. Me están comparando 7200 millones de dólares contra menos de 100 palos verdes? (en relación a los fondos otorgados a la SIDE). Es como que me compares un rascacielos con un edificio enano", justificó el libertario el fin de semana pasado en diálogo con Radio Mitre.
En ese sentido, el Gobierno fundamentó que este proyecto implicaría un gasto de $6 billones en 2024 (1,02% del PBI) y $15 billones para el año 2025 (1,64% del PBI).
El decreto que acompaña al veto asegura que la norma aprobada en el Congreso "es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. El Poder Legislativo debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable".
Además, señala que los legisladores deben cuidarse de "no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional".
Esta medida será oficializada en el Boletín Oficial del próximo lunes, 2 de septiembre.