El Gobierno frena el aumento de las prestaciones en discapacidad mientras define la vía judicial

El Gobierno nacional decidió frenar el aumento de las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras define la judicialización de la ley que incrementa los fondos destinados al sector. La Casa Rosada no pudo evitar el rechazo al veto en la Cámara de Diputados y aguarda que el Senado convalide la medida en el corto plazo.

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Los equipos técnicos trabajan sobre un esquema legal para evitar la erogación presupuestaria que marca la norma, con el argumento de que podría implicar un “doble aumento” en caso de que la Justicia ordene avanzar con lo dispuesto por ambas cámaras del Congreso.

Estrategia judicial

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, encabeza el diseño de la estrategia junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y la Procuración del Tesoro. La primera definición del gabinete es que el Ejecutivo no promulgará la ley, aun si el Senado rechaza el veto presidencial.

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Entre las alternativas que se barajan, figura la posibilidad de acudir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en la Cámara Alta, bajo el argumento de que la autoconvocatoria fue ilegal y lo aprobado carece de validez. El plan contempla invocar el artículo 32 del reglamento del Senado.

La otra opción es recurrir al fuero Contencioso Administrativo para objetar el impacto fiscal de la medida, ya que -según Nación- las fuentes de financiamiento previstas en la norma solo cubren el 15% de los fondos requeridos.

En paralelo, la gestión enfrenta un frente interno por la filtración de audios que involucran al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en un presunto pedido de coimas. Por ese motivo, la Casa Rosada decidió no avanzar con nuevas medidas en materia de discapacidad hasta definir la intervención del organismo y contener el impacto político del caso.