La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma y la CTA de los Trabajadores resolvieron convocar a un paro y movilización para el momento en que el Congreso de la Nación comience a tratar la reforma laboral.
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La decisión forma parte del plan de lucha que ambas centrales vienen desarrollando contra los cambios propuestos en materia laboral por la actual gestión del Gobierno Nacional conducido por Javier Milei.
La definición surgió de un plenario conjunto entre las dos CTA, donde se acordó que la medida de fuerza se llevará adelante el mismo día en que el proyecto ingrese al debate parlamentario. Además, se ratificaron otras acciones ya anunciadas: movilización el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y el 10 en Rosario, encuentros que se vienen coordinando tras reuniones realizadas en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Al cronograma de protestas también se sumará la marcha a Plaza de Mayo del sábado 7, convocada bajo la consigna #7Antifascista, Antirracista y Antiimperialista, ampliando el frente de rechazo a las políticas del Estado nacional.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, calificó el proyecto como “un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia”. En ese sentido, advirtió que no se trata de una modernización sino de “una regresión brutal” que busca eliminar vacaciones pagas, descanso semanal, indemnización, jornada de ocho horas y garantías mínimas de protección.
“Las consecuencias serían más precarización, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y mayor exclusión social”, sostuvo Godoy, quien además afirmó que la iniciativa apunta a debilitar al movimiento sindical para imponer “un modelo de ajuste, disciplinamiento y pérdida de derechos”.
En la misma línea, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, remarcó que el avance de la reforma se da en un contexto crítico: “Argentina atraviesa uno de los salarios promedio más bajos de América Latina”. También denunció una pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo en el sector público y alertó sobre nuevos despidos y el ahogo financiero de las provincias, en el marco de las políticas del Gobierno de Javier Milei.
“La reforma laboral y el ajuste no son medidas aisladas: forman parte de un proyecto regresivo que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo”, concluyó Yasky.