El Gobierno define por estas horas la planificación legislativa para las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo. Aunque el discurso de apertura aún no está cerrado, la administración de Javier Milei ya tiene clara su hoja de ruta: reformas estructurales y acuerdos internacionales como columna vertebral del año parlamentario.
Leer también: Milei inaugura el año legislativo con mayoría consolidada y el kirchnerismo sin poder de veto
En la primera semana de marzo buscarán votar en Diputados la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Glaciares, siempre que el Senado otorgue media sanción. También ubican en ese nivel de prioridad los cambios a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En paralelo, el Ejecutivo prevé enviar al Congreso la ratificación de un acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. Además, ingresará el tratado entre el Mercosur y Singapur, actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica.
Entre las reformas estructurales sobresale la modificación del Código Penal, con endurecimiento de penas, incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. No incluiría cambios en la figura de femicidio ni en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
También figuran en carpeta una reforma tributaria -posiblemente articulada con un pacto fiscal con provincias-, una reforma política para eliminar las PASO y modificar el financiamiento partidario, y una nueva Ley de Seguridad Nacional que redefina atribuciones entre Seguridad, Inteligencia y Defensa.
Con el impulso de las extraordinarias, el oficialismo apuesta a sostener la iniciativa política y consolidar su perfil reformista durante todo 2026.