La realidad de quienes alquilan en La Plata y en gran parte de Argentina se volvió cada vez más complicada en los últimos meses, con ajustes de precios que se replican con una frecuencia que excede la capacidad de muchas familias para afrontarlos. Según un informe de relevamiento nacional, más del 65% de los hogares inquilinos enfrenta aumentos de alquiler cada tres o cuatro meses, una dinámica que presiona fuertemente los ingresos de quienes viven de alquiler.
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Estos aumentos, que se aplican en forma trimestral o cuatrimestral en muchos contratos, aunque también existen ajustes semestrales, se insertan en un clima económico donde los ingresos familiares no siempre acompañan la suba de precios. En el caso de La Plata, los índices utilizados para actualizar los contratos, como el Índice de Contratos de Locación (ICL) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejan incrementos importantes: en algunos períodos el ajuste trimestral ronda el 6% y puede superar el 8% en cuatrimestres, según datos del Foro Profesional Inmobiliario.
La inestabilidad de los contratos también contribuye a la creciente preocupación de los inquilinos. Muchos acuerdos tienen plazos cortos de vigencia y obligan a renegociar condiciones periódicamente, lo que incrementa la incertidumbre sobre el monto a pagar y las posibilidades de continuar en la misma vivienda. Según datos de encuestas especializadas, casi seis de cada diez contratos son por dos años o menos, y una proporción significativa ni siquiera cuenta con contrato escrito, lo que agrava la vulnerabilidad de los hogares frente a los cambios en el mercado.
Frente a estos ajustes constantes, muchos hogares destinan una parte considerable de sus ingresos al pago del alquiler. El peso de esta obligación puede llegar a consumir entre el 30% y el 60% del salario familiar, según relevamientos realizados en diferentes niveles del país, y en muchos casos se suma a gastos de expensas, servicios y alimentación. Esto deja a muchos inquilinos con poco margen para ahorrar o afrontar imprevistos, y empuja a algunos a recurrir al endeudamiento para poder pagar.
De hecho, organizaciones que representan a inquilinos advierten que el endeudamiento generalizado es una de las principales consecuencias de este modelo de actualización de precios. Un gran porcentaje de hogares inquilinos acumula deudas no solo por el alquiler, sino también por tarjetas de crédito y otros gastos básicos, lo que multiplica la presión financiera sobre estas familias y limita su capacidad de mantener su vivienda a largo plazo.
El contexto actual también ha aumentado la movilidad forzada: un número importante de hogares se vio obligado a mudarse por no poder afrontar los alquileres, y muchos anticipan dificultades para pagar en los próximos meses si continúan los incrementos a este ritmo. Esta situación pone en evidencia la necesidad de políticas más claras y mecanismos de estabilización que permitan un acceso más sostenible a la vivienda sin que el alquiler absorba gran parte de los ingresos familiares.